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Ante ONU y CNDH, “Siempre Vivos” señala a Bernardo y Celso Ortega por asesinatos y desapariciones

Chilpancingo, Gro. 08 de Agosto del 2017.- Integrantes del colectivo “Siempre Vivos”, acusaron ante el Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, Jan Jarab, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, a Celso Ortega Jiménez, hermano del ex líder del Congreso de Guerrero, Bernardo Ortega Jiménez, de estar detrás de las desapariciones en Chilapa y sus alrededores.
Al final de la primera mesa de ponencias en el foro “Contra el Dolor y el Miedo; un Grito de Esperanza”, celebrado en Chilpancingo; familiares de personas desaparecidas en Chilapa, Zitlala, Atlixtac, José Joaquín de Herrera y Tixtla, se colocaron frente al presidium y mostraron fotografías de sus familiares, plasmadas en lonas y pancartas.
El líder de la organización, José Díaz Navarro tomó el micrófono y pidió la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al señalar que la Policía Comunitaria que opera en los pueblos de Chilapa es en realidad un brazo armado de la organización criminal que encabeza Celso Ortega, precisando que es hermano del perredista Bernardo, de mismos apellidos, quien en la pasada legislatura estuvo al frente del Congreso.
Indicó que a diferencia de otras organizaciones en Guerrero o el país, ellos sí saben quién se llevó a sus familiares, sin embargo, por el poder político utilizado por la familia Ortega, el gobierno estatal o federal no han querido actuar.
Insistieron en que la Policía Comunitaria encabezó los “levantones” entre el 09 y 14 de Mayo del 2015, con más de 300 hombres armados que sometieron a los habitantes de la cabecera municipal frente a la mirada de elementos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano.
Por tanto, pidieron la intervención de los organismos de derechos humanos ahí presentes, para que gestionen el retiro de la policía civil, pues al momento el gobierno estatal se ha negado a hacerlo, a pesar de las evidencias existentes que muestran que esta agrupación ha cometido violaciones graves a los derechos humanos.
Díaz Navarro entregó un documento a Jan Jarab y Luis Raúl González, en el que exigen que la ONU y CNDH se sumen a la exigencia de las familias del colectivo para con el gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, en el sentido de que desarme al grupo de la Policía Comunitaria que “pertenecen al crimen organizado, y se amparan en la Ley 701, donde lo grave es que se les faculta para tener sus sistema de justicia por medio del cual están abusando de muchos indígenas”.
“Voy a entregar el documento, pero si dejar bien claro que nosotros sabemos quienes son los asesinos, donde están y por qué el gobierno en sus tres órdenes, los tres niveles, no pueden hacer nada”, concluyó. (Agencia Periodística de Investigación) 
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